Te ofrecemos las noticias destacadas del día de las siguientes empresas -Banco Santander, Berkeley y Talgo..-, realizado por el Departamento de Análisis de Link Securities.
. El BANCO SANTANDER (SAN) informó ayer al mercado que, en aplicación de la política actual de remuneración al accionista del banco, consistente en un objetivo de remuneración al accionista total de cerca del 50% del beneficio ordinario del grupo, distribuido aproximadamente en partes iguales entre dividendo en efectivo y recompras de acciones, el consejo de administración ha aprobado implementar un programa de recompra de acciones al que se destinaría una cantidad equivalente a cerca del 25% del beneficio ordinario del SAN en el 1S2024, un programa por un importe aproximado de EUR 1.525 millones, para el que ya ha obtenido la autorización regulatoria pertinente y que comenzó a ejecutarse ayer.
Programa de Recompra se llevará a cabo al amparo de los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas de 31 de marzo de 2023 y tendrá las siguientes características:
• Propósito del Programa de Recompra: reducir el capital social del banco mediante la amortización de las acciones adquiridas en el programa, en ejecución de la reducción de capital aprobada por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 2024;
• Inversión máxima: el Programa de Recompra tendrá un importe monetario máximo de EUR 1.525 millones.
• Precio máximo: SAN tiene intención de ejecutar el programa de modo que el precio medio máximo al que se adquieran acciones no exceda del importe que se corresponda con los recursos propios tangibles por acción (tangible book value per share o TNAV por acción) a cierre del último trimestre publicado en cada momento. A 30 de junio de 2024, el TNAV por acción es EUR 4,94.
• Número máximo de acciones: el número máximo de acciones a adquirir en ejecución del programa dependerá del precio medio al que tengan lugar las compras, pero no excederá de 1.481.224.550 acciones. Asumiendo que el precio medio de compra de acciones en ejecución del programa fuese de EUR 4,60, el número máximo de acciones que se adquirirían sería de 331.521.739 (cerca del 2,14% del capital social del SAN).
• Otras condiciones: las acciones se comprarán a precio de mercado, sujeto a las siguientes restricciones:
i. SAN no podrá adquirir acciones a un precio superior al más elevado de los siguientes: (a) el precio de la última operación independiente, o (b) la oferta independiente más alta de ese momento en el centro de negociación donde se efectúe la compra.;
ii. SAN no podrá comprar en cualquier día de negociación más del 25% del volumen diario medio de las acciones del Banco en el centro de negociación donde se efectúe la compra. El volumen medio diario tendrá como base el volumen medio diario negociado en los veinte (20) días hábiles anteriores a la fecha de cada compra.
• Duración indicativa del Programa de Recompra: desde ayer día 27 de agosto hasta el 3 de enero de 2025. No obstante, el SAN se reserva el derecho a finalizar el programa de recompra si, con anterioridad a su fecha límite de vigencia, alcanzara el importe monetario máximo o si concurriera alguna otra circunstancia que así lo aconsejara.
• Ejecución del Programa de Recompra: el programa será ejecutado por el equipo que, conforme a la política de autocartera del SAN, es el responsable de la ejecución de operaciones de acciones propias. Las adquisiciones bajo el Programa de Recompra podrán efectuarse en el Mercado Continuo español, así como en Turquoise Europe, DXE Europe y Aquis Exchange Europe.
La interrupción, finalización o modificación del programa de recompra serán debidamente comunicadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Las operaciones realizadas al amparo del programa de recompra serán comunicadas públicamente dentro de las 7 sesiones diarias de mercado siguientes a su realización.
Por último, el SAN informó de que la decisión sobre el pago del dividendo a cuenta en efectivo con cargo a los resultados de 2024 se someterá a la aprobación del Consejo de Administración de la entidad del próximo 24 de septiembre. Además, señaló que la implementación del resto de la política de remuneración al accionista para 2024 está sujeta a las aprobaciones internas y del regulador que puedan resultar de aplicación.
. Según informó ayer a la CNMV la compañía y recogió el portal financiero Bolsamania.com, la minera BERKELEY (BKY) generó unas pérdidas de $ 3,261 millones en el año fiscal finalizado el 30 de junio de 2024 frente a las acumuladas en el 2023, que se elevaron a $ 1,373 millones. Los ingresos por intereses en el periodo analizado aumentaron hasta los $ 3,546 millones desde los $ 1,054 millones de 2023, lo que se debe en gran media al aumento de las tasas de interés del 3,0% al 4,6% sobre los $ 50 millones mantenidos en efectivo por la compañía. Los gastos de exploración y evaluación se elevaron en 2024 a $ 3,825 millones frente a los $ 3,373 millones de 2023, mientras que los gastos de desarrollo empresarial se situaron en $ 243.000 frente a los $ 252.000 del año precedente.
BKY señala en su informe que se encuentra en una posición financiera «extremadamente sólida», con reservas de efectivo de $ 77,345 millones ($ 78,776 millones en 2023). La compañía tuvo salidas de efectivo durante el año de $ 1,497 millones, que fueron mínimamente compensadas por una ganancia por diferencias de cambio de $ 66.000.
Al cierre del ejercicio fiscal 2024 BKY tenía activos netos por valor de $ 84,904 millones ($ 87,316 millones en 2023), una disminución del 2,8% en comparación con el 30 de junio de 2023. La disminución es consistente con la reducción en el efectivo, la cual ha sido compensada por la disminución en los pasivos totales.
BKY ha informado, además, de unos gastos de $ 925.000 por el procedimiento de arbitraje que mantiene contra el Gobierno de España para que este permita su proyecto de mina de uranio en Retortillo (Salamanca). En este sentido, el portal recuerda que BKY anunció en abril el inicio de un proceso de arbitraje internacional contra el Ejecutivo español por la oposición de este a su mina.
En este sentido, BKY señala en su comunicado que es una empresa de energía limpia de alto impacto enfocada en llevar su Proyecto de Uranio Salamanca a la producción. Además, indica que este proyecto de uranio de clase mundial está ubicado en una histórica área minera a unas tres horas al oeste de Madrid, España. Esta iniciativa garantizará a España y a la Unión Europea (UE) un proveedor interno, entregando más de cuatro millones de libras de uranio al año, lo que equivale al 10% del consumo total europeo o a más de un tercio de la energía generada en España.
. Según informó ayer el portal Bolsamania.com, citando al Ministerio de Economía, la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex) ha emitido un informe negativo sobre la OPA lanzada por la húngara Ganz-Magyar Vagon sobre l 100% del capital de TALGO (TLGO) a un precio de EUR 5 por acción. La Jinvex alude a motivos relacionados con la seguridad nacional y el orden público para desaconsejar la oferta del grupo húngaro. Por su parte, el ministro de Economía, Cuerpo, ha dicho que TLGO es una empresa estratégica dentro de un sector clave para la seguridad económica, la cohesión territorial y el desarrollo industrial de España. El Gobierno de España también ha asegurado que mantiene como «objetivo prioritario» la atracción de inversión extranjera, «sobre todo en aquellos sectores y proyectos clave para nuestra competitividad y seguridad económica, de forma equilibrada y compatible con la protección de los intereses estratégicos o la seguridad nacional».
Tras conocer el veto del Gobierno, el grupo Ganz-Mavag Vagon informó de que va a iniciar «todas las acciones legales a su alcance», tanto en España como en la Unión Europea (UE), para defender la legitimidad de su oferta por el 100% de TLGO, Según la compañía, la oferta cumple con todos los requisitos legales vigentes.
A su vez, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) ha anunciado que acudirá a los tribunales para defender a los accionistas minoritarios de la injerencia del Gobierno de España por dificultar su derecho a decidir por el veto a la OPA lanzada por el grupo húngaro Magyar Vagon sobre la compañía española fabricante de trenes a EUR 5 la acción.
Así, AEMEC impugnará la normativa que permite la suspensión de inversiones extranjeras. Según señala la asociación, esta normativa -que tenía sentido en la época de la pandemia y que ha perdido su razón de ser- supone un grave perjuicio a los accionistas de sociedades cotizadas al ver limitada su posibilidad de acudir a una oferta pública para vender sus acciones. La Asociación ha explicado que el Real Decreto 571/2023, de 4 de julio, sobre inversiones exteriores, permite la suspensión del régimen de liberalización «cuando las inversiones afecten a la salud, seguridad y orden público». Según la asociación de minoristas, el objeto social de TLGO «nada tiene que ver» con las anteriores materias por lo que el procedimiento de autorización iniciado por el Ejecutivo «no se ajusta a la Ley, pues no se dan los supuestos legalmente establecidos para la suspensión de la OPA». Además, la AEMEC indica que el desarrollo de la aprobación de la OPA, con un
procedimiento de inversión directa extranjera en España que fue iniciado hace seis meses, ha perjudicado a los accionistas de TLGO, que ven como la incertidumbre sobre el futuro de la sociedad afecta a sus grupos de interés. Según la asociación, esto incluye a entidades financiadoras, clientes en la ejecución de la cartera de proyectos y nuevos posibles clientes, así como proveedores.
AEMEC también ha indicado que está valorando recurrir la citada normativa no solo ante los tribunales españoles, sino también ante la jurisdicción comunitaria, y denuncian una situación de «evidente indefensión». Así, AEMEC ha anunciado que iniciará las «acciones que correspondan» tanto en vía administrativa, contencioso-administrativa, civil y la penal, para «resarcir los daños que se produzcan» a los más de 8.000 accionistas de TLGO. Asimismo, la asociación ha anunciado que recurrirá «cualquier decisión» del Consejo de Ministros, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y de la Junta de Inversiones Exteriores que impida a los accionistas «ejercer su legítimo derecho de venta en un proceso de oferta y que no se ajuste a la Ley o que resulte arbitrario, injusto u obedezca a razones políticas o ideológicas, recordando que las decisiones de las administraciones públicas no pueden resultar arbitrarias, tal como establece la propia Constitución Española».
Así, prosigue la AEMEC, en el interés social de la compañía, la única oferta real existente debe ser valorada por los accionistas de TLGO. De esta forma, una OPA admitida a trámite por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y que cuenta con un aval bancario, habiendo recibido el apoyo del consejo de administración y los bancos financiadores de la sociedad, no debe ser hurtada a los más de 8.000 accionistas de TLGO.
Por el Departamento de Análisis de Link Securities
