La Comisión Europea ha decidido procesar a Google por ejecutar prácticas anticompetitivas a través de Android, su sistema operativo para móviles y tablets. Una de las principales críticas lanzadas por los burócratas es que la compañía de Silicon Valley obliga a a suscribir un “acuerdo anti-fragmentación” a aquellos fabricantes de móviles o tablets que deseen pre-instalar en sus dispositivos ciertas Apps de Google (como su buscador o Play Store).
¿En qué consisten estos acuerdos anti-fragmentación? Android es un sistema operativo de código abierto, de manera que cualquiera puede usar ese código para crear y comercializar versiones propias de Android distintas de las de Google (los llamadas Android fork). Esta descentralización en el desarrollo de nuevas versiones de Android potencia la innovación y la creatividad: no sólo los programadores de Google pueden trabajar en transformar o mejorar Android, sino cualquier programador en cualquier parte del planeta. Ahora bien, este heterogéneo desarrollo descentralizado también acarrea sus desventajas: en particular, que no tiene por qué existir compatibilidad entre todas las versiones de Android, de forma que los programadores de Apps deben perder muchísimo tiempo y recursos en la inabarcable tarea de adaptar sus Apps a las distintas versiones más populares de Android.
Es aquí donde entra la lógica de los acuerdos anti-fragmentación: al suscribirlos, los fabricantes de móviles y tablets se comprometen voluntariamente a no instalar en sus dispositivos Android forks incompatibles con la versión desarrollada por Google. No se trata siquiera de forzarles a que instalen versiones de Android creadas por Google: simplemente asumen el compromiso —a cambio de contar de serie con las Apps más populares de la empresa estadounidense— de no utilizar versiones no compatibles de ese sistema operativo.
La Comisión Europea considera que esta práctica socava la competencia, dado que todos aquellos Android forks no compatibles con el Android de Google se verán progresivamente excluidos del mercado; en realidad, sólo se los excluirá si no aportan nada verdaderamente novedoso y rompedor con respecto a la versión de Android de Google y si, pese a no aportarlo, se niegan a cumplir unos estándares mínimos de compatibilidad.
Paradójicamente, si la Comisión se empecina en sancionar a Google por sus intentos de crear un estándar —mediante los acuerdos anti-fragmentación— del sistema operativo Android disponible para los programadores y para los consumidores, se estará pegando un tiro en el pie. Al cabo, el modelo subyacente a las políticas estatales de defensa de la competencia es el de competencia perfecta: a saber, los burócratas comparan la estructura de un mercado con su ideal modelo de “competencia perfecta” y tratan de forzar a que la realidad se ajuste a ese ideal.
Sucede que uno de los presupuestos necesarios de ese modelo de competencia perfecta es la homogeneidad del producto: pues allí donde existen productos heterogéneos, los costes de sustitución entre productores se incrementan y, en consecuencia, esos productores pueden disfrutar de “poder de mercado” para incrementar sus precios frente a los de la competencia. En este sentido, Google está promoviendo todo lo contrario a la diferenciación de productos: al estandarizar el sistema operativo Android, no sólo los programadores de Apps sino también los consumidores lo tienen mucho más fácil para migrar de un dispositivo a otro, gracias a que su experiencia de usuario es mucho más parecida y a que pueden trasladar su información de un dispositivo a otro que sea compatible.
En suma, Google está volviendo los móviles y tablets Android mucho más homogéneos, reduciendo con ello el “poder de mercado” de los fabricantes para diferenciarse entre sí y poder cobrar precios mayores. De ahí, por ejemplo, que el precio medio de los móviles Android haya caído más de un 50% durante los últimos años: la competencia es mucho más intensa gracias a que los acuerdos anti-fragmentación de Google han unificado el mercado.
Si la Comisión sanciona a la compañía estadounidense y la obliga a suspender esos acuerdos anti-fragmentación, no sólo estará poniendo en riesgo la viabilidad económica del sistema operativo Android (por su excesiva atomización, que imposibilita el aprovechamiento de economías de escala en el diseño de Apps), sino que estará reforzando el poder de mercado de los grandes fabricantes para elevar los costes de sustitución de un dispositivo Android a otro dispositivo Android no compatible con el anterior. O dicho de otra manera, sancionando a Google la Comisión estará erigiendo barreras artificiales a la competencia, alejándose del modelo de competencia perfecta que supuestamente legitima las actuaciones de la Comisión.
Todo lo cual, por cierto, sólo sería una nueva demostración de lo absurdas, arbitrarias e inquisitoriales que son las mal llamadas “políticas en defensa de la competencia”. La competencia se defiende liberalizando los mercados y permitiendo que los competentes desarrollen sus planes de negocio sin cortapisas estatales: no sometiendo a los exitosos a juicios administrativos con el propósito de sancionarles por sus buenas ideas.
Juan Ramón Rallo
juanramonrallo.com
